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Estos últimos días hemos leído en la prensa que las tres Diputaciones Forales del País Vasco han llegado a un acuerdo para implementar una reforma fiscal armonizada en los tres Territorios Históricos.

Por otro lado, de forma resumida, podemos señalar que esta reforma afectará principalmente al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, introduciendo incentivos y mejoras en cinco grandes áreas:

• Previsión social: La reforma fortalece los incentivos para las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Mantendrá los límites de aportación de 5.000 euros personales y 8.000 empresariales, pero reduciendo el límite conjunto de 12.000 a 8.000 euros, y establecerá un tope específico de 4.000 euros para los autónomos.

  Además, con el fin de fomentar el rescate de las EPSV en forma de renta, para que se convierta en un complemento real a la pensión pública, se establece que la parte del rescate que corresponda con la aportación se integrará en la base general al 60 %, en lugar de al 100 % como hasta ahora, y la parte que corresponda con la rentabilidad acumulada quedará exenta de tributar. Por otro lado, para las EPSV de empleo, se implementarán deducciones que oscilan entre el 10% y el 25%, en función de la contribución salarial.

• Fiscalidad empresarial: A pesar de las demandas de una reforma más amplia por parte de la patronal vasca Confebask, esta reforma incluye cambios limitados en fiscalidad empresarial, que sobre todo se van a producir en el ámbito de la transición verde, como veremos al final.

  Además, se consolidarán beneficios para microempresas, aumentando los forfait del 10% al 15% y eliminando el límite de compensación de bases imponibles negativas para este tipo de compañías.

• Aumento del mínimo exento en Renta: El umbral exento del IRPF se incrementará de 14.000 a 19.000 euros. Este ajuste no afectará a las tarifas de IRPF ni a los tipos de Sociedades vigentes, aunque en el caso de la base del ahorro, el tipo máximo de la tarifa (actualmente del 25%) subirá para las rentas de más de 200.000 euros, aunque el porcentaje exacto aún no se ha determinado.
• Incentivos para la vivienda: La reforma mantiene la deducción del 18% en la compra de vivienda, pero a partir de 2026 se excluirá de este incentivo a quienes tengan bases liquidables superiores a 85.000 euros, aunque los contribuyentes que estén disfrutando de esta deducción con anterioridad mantendrán su derecho a aplicarla sin importar su nivel de ingresos.

  Los jóvenes, cuya edad límite se aumenta hasta los 36 años (en lugar de los 30 años actuales), mantendrán una deducción ampliada del 23% en la compra de vivienda, con un tope de 1.950 euros anuales y sin límite el primer año de hipoteca.

  Además, se extenderá el plazo de las cuentas-vivienda de 6 a 10 años y se eximirán de tributación las ayudas familiares para la compra de la vivienda habitual (hasta 30.000 euros) provenientes de padres, abuelos y hermanos.

1. Transición verde: La reforma incluye incentivos importantes para la sostenibilidad, especialmente en el ámbito de la movilidad y la eficiencia energética. Los contribuyentes que adquieran vehículos eléctricos podrán deducir el 5% por la compra, el 10% por achatarramiento del vehículo antiguo y el 15% por la instalación de un punto de recarga.

   Las empresas, por su parte, se beneficiarán de una deducción del 35% en el Impuesto de Sociedades para la renovación de flotas con vehículos eléctricos e instalaciones de puntos de recarga, y la descarbonización de activos industriales también se incentivará con una deducción del 35% en Sociedades.

El camino para la aprobación de esta reforma, -o como algunos llaman “revisión”, por lo limitado de su alcance-, se acaba de iniciar y parece que se prolongará hasta bien entrado el año 2025. Además, debemos tener en cuenta que si bien en Bizkaia los partidos que sustentan el gobierno foral, PNV y PSE, tienen mayoría absoluta, en Álava y Gipuzkoa los gobiernos forales necesitan del apoyo de algún otro partido pues carecen de la mayoría necesaria para aprobar esta reforma en solitario. Esto podría tener como consecuencia que, al final de las negociaciones, la deseada armonización fiscal se quede en eso, un deseo más que en una realidad efectiva.